Nosotras, Fundaciones, reconocemos la urgencia de contribuir decididamente a enfrentar la crisis climática.

Los seres humanos estamos sometiendo a la naturaleza a un deterioro peligroso y sin precedentes, cuando somos, al mismo tiempo, éticamente responsables de su cuidado: la tasa de extinción de especies se acelera y los científicos alertan de que la humanidad corre el riesgo de extinguirse si no modificamos nuestra manera de producir, consumir y vivir.

Por ello, urge cambiar el rumbo que hemos tomado como planeta.

La crisis de la COVID-19 es una de sus consecuencias: sanitaria, social y económica a la vez, planetaria en sus dimensiones. Su llegada es una señal de alarma que nos conmina a actuar sin demora. Sus efectos nos obligan a reconocer el estrecho vínculo entre cualquier crisis de escala y el dramático aumento de la vulnerabilidad de las poblaciones más frágiles.

La crisis climática es, sin duda, un desafío global que entraña dimensiones de mayor alcance que las de la propia pandemia: sanitarias, de desigualdad social, económicas, educacionales, culturales, científicas, de seguridad y medioambientales.

Este pacto aboga por una transición ecológica y justa que permita al sector fundacional abordar estos desafíos -en sus programas, enfoques y operaciones- de manera integral, reconociendo la interdependencia entre la economía, el medio ambiente, la sociedad, la cultura y la política, para construir un futuro más justo, equitativo, inclusivo y sostenible.

Así, el sector fundacional suma sus esfuerzos hacia una transición ecológica que considere el impacto social diferencial, y genere inclusión y oportunidades para todas las personas, incluidos aquellos grupos más vulnerables como las personas mayores, la infancia, o las personas con discapacidad, las situaciones de pobreza o migración, entre otros, considerando asimismo la igualdad de género.